La estrategia gubernamental "de eficiencia" del Gobierno balear, en la que se enmarca la privatización de la gestión de los espacios naturales, pasa por la explotación turística, a través de concesionarios, de la red de parques y ámbitos protegidos, con la intención de que no generen costes a la Administración. Ello implica el cobro de muchas actividades que hasta ahora eran gratuitas, algo que ya se ha empezado a aplicar al implantarse tarifas por amarrar barcos en el parque de Cabrera o por participar en excursiones y cursillos con monitores, tal y como denuncia el periódico El País en su edición del 3 de enero de 2013.

Los recortes y la nueva filosofía del Gobierno balear de José Ramón Bauzá han reducido al mínimo (en alguna zona, en una proporción de seis a uno) las plantillas de vigilantes y de educadores de los parques de Cabrera, Ses Salines de Ibiza y Formentera, Albufera, Llevant y Mondragó de Mallorca, Es Grau de Menorca, Sa Dragonera y el ámbito de la sierra de Tramuntana de Mallorca, patrimonio de la humanidad. La fusión de las sociedades públicas existentes en la red autonómica ha provocado más de dos decenas de despidos, con casos de trabajadores de más 20 años de experiencia como educadores e investigadores.

Se adjunta enlace a la información al respecto publicada en el diario El País: