El Gobierno consiguió el pasado lunes 18 de febrero sacar adelante ayer la nueva Ley de Costas en comisión del Congreso de los Diputados gracias a su mayoría absoluta. La normativa nace cargada de polémica porque salva de la destrucción  a unas 10.000 viviendas repartidas por distintos puntos de España y porque da otros 75 años de moratoria a construcciones que tenía firmada su sentencia de muerte  para 2018, entre otros asuntos, tendrá que aprobarse ahora en el Senado.

Tal y como relata la periodista Juan Viudez en El País, el PP tuvo que escuchar críticas de todos los partidos que acusaban al Gobierno de intentar privatizar el litoral, de buscar la última palabra para tumbar proyectos en la costa y de echar en el olvido el cambio climático. Solo incluyó cambios técnicos en un par de artículos y pequeñas modificaciones. Toda la oposición votó en contra, con la excepción de CiU, que se abstuvo. Lo más que consiguieron que el portavoz del PP, Rafael Hernando, anunciara que se incluirá un “nuevo paquete de enmiendas” sobre cambio climático cuando la ley llegue al Senado.

De entre las zonas que se verán favorecidas por esta Ley se encuentra el barrio de pescadores de El Palo (Málaga), residencias de Oliva (Valencia), que fueron deslindadas en octubre de 1947, y la marina de Empuriabrava (Gerona), construida con canales privados artificiales para extranjeros en los años setenta.

Se adjunta enlace a información al respecto publicada en El País